En el marco de Cartagena +30,  las ONGs queremos destacar, la relevancia e importancia de la Declaración de Cartagena (1984) como un instrumento único y progresista que surgió como estrategia para enfrentar las crisis sociales que impactaron el espacio humanitario en la región

 

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE

HIGH COMMISSIONER’S PROGRAMME

 

STANDING COMMITTEE

59th Meeting

4 – 6 March 2014

 

NGO Statement on the Americas – Extended Version

 

Pronunciamiento de las Organizaciones no gubernamentales de las  Américas – Versión Extendida

 

Agenda Item 3 ii

 

En el marco de Cartagena +30,  las ONGs queremos destacar, la relevancia e importancia de la Declaración de Cartagena (1984) como un instrumento único y progresista que surgió como estrategia para enfrentar las crisis sociales que impactaron el espacio humanitario en la región.  Las ONGs hacemos un llamado a los gobiernos para asumir el mismo compromiso de responsabilidad compartida y solidaridad para enfrentar las nuevas problemáticas socio-políticas que impactan la región, particularmente la continua y sistemática violación de derechos humanos a causa de conflictos armados internos, el impacto del crimen organizado y el narcotráfico con sus múltiples formas y agresiones, los megaproyectos y  el impacto del cambio climático, ámbitos en los que los Estados tienen una gran responsabilidad.

In connection with Cartagena +30, NGOs would like to highlight the relevance and importance of the Cartagena Declaration (1984) as a unique and progressive instrument which arose as a strategy to address the social crises that were impacting humanitarian space in the region. We call upon the governments of the region to assume the same commitment to shared responsibility and solidarity in order to address new socio-political issues affecting the region, particularly the continuous and systematic violation of human rights as a result of internal armed conflicts, the impact of the multiple forms and aggressions of organized crime and drug trafficking, mega-projects, and the impact of climate change – all areas in which States have a great responsibility.

Las ONGs solicitamos al ACNUR, generar información de país de origen de los países del triángulo norte en Centroamerica, México y seguir profundizando en las nuevas tendencias del conflicto interno colombiano, a fin de garantizar la protección debida de las personas que huyen de estos países.

NGOs also urge UNHCR to generate information regarding countries of origin within the northern triangle of Central America and Mexico and to continue to focus on the changing trends of the Colombian internal conflict in order to guarantee the adequate protection of the people who are fleeing those countries. 

Resaltamos el rol de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y Paraguay con el programa de Reasentamiento Solidario, que ha apoyado la situación de personas refugiadas de Colombia en Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Este programa representa una estrategia de responsabilidad compartida y es un componente emblemático e innovador del Plan de Acción de México del 2004.

We highlight the role of Brazil, Argentina, Chile, Uruguay and Paraguay in the “Solidarity Resettlement” program, which has helped address the Colombian refugee situation in Ecuador, Venezuela, Panama and Costa Rica. This program represents a shared responsibility strategy and is an emblematic and innovative component of the Mexico Plan of Action of 2004.

 

Cooperación y diálogo entre ONGs, Gobiernos y el ACNUR

 

Cooperation and dialogue between NGOs, Governments and UNHCR

 

Es importante que todos los países de la región trabajen con sociedad civil y ACNUR para acordar los nuevos compromisos en el marco de la solidaridad y responsabilidad compartida en el marco de Cartagena +30 (Plan de Acción de Brasilia, prevista para diciembre 2014), buscando que estos no sólo se reflejen en sus legislaciones, pero también en la implementación de sus políticas integrales, con mecanismos de seguimiento tripartitos, en un marco efectivo de rendición de cuentas que garantice su implementación.

It is crucial that all countries of the region work with civil society and UNHCR to agree upon new commitments to solidarity and shared responsibility within the framework of Cartagena +30 (Brasilia Plan of Action, expected in December of 2014), seeking to ensure that those commitments are not reflected solely in legislation but also in the implementation of integral policies with tripartite monitoring mechanisms and effective frameworks of accountability that guarantee their implementation.

Las ONGs solicitamos asumir el compromiso de cooperación tripartita, a través de la creación de una instancia de participación a nivel regional, este proceso puede ir avanzando a lo largo del 2014, en el marco de la Reforma Humanitaria. Este espacio estará encaminado a incrementar la habilidad  para promover políticas que fortalezcan la protección internacional y la integración efectiva, concretando los mecanismos hacia el trabajo coordinado y de monitoreo que se requiere.

We propose to support the commitment to tripartite cooperation through the creation of a space for participation at the regional level, which could be developed throughout 2014 within the framework of humanitarian reform. The aim of this space would be to increase our ability to promote policies that strengthen international protection and effective integration, establishing the mechanisms for such coordinated work and the monitoring that it requires.

 

Centroamérica:

 

Central America:

 

Las ONGs solicitamos la pronta aplicación de los “Lineamientos regionales para la identificación preliminar de migrantes en condición de vulnerabilidad” asumidos por la XVIII Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración, en junio del 2013.  Estos lineamientos aportan a uno de los mayores desafíos de la región, vinculado a la dicotomía entre la seguridad nacional y la protección internacional, particularmente en los distintos controles fronterizos (terrestres, marítimos y aeroportuarios) y el acceso oportuno al acceso al procedimiento de asilo.

NGOs appeal for the prompt implementation of the “Regional Guidelines for the Preliminary Identification of Profiles and Referring Mechanisms of Migrant Populations in Vulnerability Conditions” adopted by the XVIII Meeting of the Regional Consultation Group on Migration in June of 2013. These guidelines address one of the major challenges of the region, which is linked to the dichotomy between national security and international protection, particularly in distinct border controls (land, maritime and airports) and the timely access to asylum procedures.

Las ONGs manifestamos nuestra preocupación ante la violencia e inseguridad que se vive en la región, particularmente en el triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Es importante destacar que si el crimen organizado controlado por carteles y redes transnacionales,  también las pandillas callejeras y sus dinámicas, influyen en la violencia generalizada, y consecuentemente el desplazamiento forzado de miles de personas. Es importante reconocer a estas pandillas también como agentes perseguidores previstos en la Convención de Ginebra.  

We also express our concern regarding the violence and insecurity that is experienced in the region, particularly in the Northern triangle of Central America, which is made up of Guatemala, El Salvador and Honduras. It is important to emphasize that organized crime controlled by cartels and transnational networks, along with street gangs and their dynamics, influence general violence and, consequently, the forced displacement of thousands of people. It is also important to recognize such gangs as agents of persecution as set forth in the Geneva Convention.

 

Acceso al asilo y calidad de los procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada

 

Access to asylum and quality the Refugee Status Determination process

 

Las ONGs queremos destacar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia” (2013, esta sentencia reitera la garantías del debido proceso en procedimientos para determinar la condición de persona refugiada y el derecho a la no devolución, contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969 (Artículos 8, 22.7, 27.8 y 25).

We wish to highlight the sentence issued by the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Pacheco Tineo vs. Bolivia (2013).  This sentence reiterates the guarantees of due process in Refugee Status Determination procedures and the right to non-refoulement, set forth in the 1951 Refugee Convention, the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the American Convention on Human Rights of 1969 (Articles 8, 22.7, 27.8 and 25).

Las ONGs constatamos que en la práctica existen grandes discrepancias en la aplicación de los derechos consagrados en las legislaciones nacionales en lo referente a procedimientos justos y eficientes en el proceso de determinación de la condición de la persona refugiada, y el respeto al derecho de la no-devolución.

We also stress that in practice there are significant discrepancies in the application of the rights established in national legislations regarding just and efficient procedures in Refugee Status Determination and the right of non-refoulement.

Las ONGs solicitamos a los gobiernos generar las condiciones para el acceso efectivo al procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada. Particularmente, hacemos un llamado a revisar la práctica de varios países en la región de implementar plazos cortos para presentar la solicitud de asilo, como en el caso de Ecuador, México, Belice, República Dominicana, Guatemala y El Salvador. Esta práctica de plazos, pone en riesgo de indefensión a personas que requiriendo protección internacional no son identificadas dentro de estos plazos, reconociendo que el plazo no es un factor que deba influir el análisis del caso en la determinación de la condición de refugiado.

We ask that governments create the conditions necessary for the effective access to the process of refugee status determination. Particularly, we call upon them to revise the current practice in various countries of implementing short time periods to present an asylum request, which is the case in Ecuador, Mexico, Belize, the Dominican Republic, Guatemala and El Salvador. This practice risks placing individuals who require international protection in situations of helplessness when they are not identified during the given time frame, demonstrating that such restrictive time periods are not factors that should influence refugee status determination.

Las ONG insistimos en  la necesidad de revisar los sistemas de admisibilidad implementados en Panamá y Ecuador. Es fundamental que estos procedimientos respeten las garantías del debido proceso y garantías judiciales, incluyendo la revisión de solicitudes por parte de la Comisión de Elegibilidad. Existen buenas prácticas en la región, sobre la aplicación de procedimientos acelerados como en Costa Rica, que pueden aportar a crear un diálogo sobre mejores mecanismos de implementación de estos procesos en la región que garanticen la protección de los derechos de las personas solicitantes de asilo.

We also insist on the necessity of revising admissibility systems in Panama and Ecuador. It is fundamental that such procedures respect the guarantees of due process as well as judicial guarantees, including the revision of asylum requests by the Eligibility Commission. Good practices in the application of accelerated procedures do exist in the region, for example in Costa Rica, which could be used to contribute to a dialogue regarding better implementation mechanisms for such processes that guarantee the protection of the asylum seekers’ rights. 

Las ONGs urgimos a los gobiernos, a que trabajen hacia el desarrollo de un procedimiento que permita recibir a las personas que solicitan la condición de refugiado, una respuesta en un plazo determinado. El no recibirla a tiempo pone a las personas solicitantes en un limbo jurídico mientras sus casos están pendientes de resolución, lo que impide que se estén protegidas y seguras con su estatus migratorio y continúen con su proyecto de vida.

NGOs urge governments to work toward the development of procedures that allow asylum seekers to receive a response within a specified time period. Not receiving a response within a reasonable amount of time places asylum seekers in a legal limbo while their cases are pending resolution, preventing the protection and security of a migratory status and stalling the enjoyment of their life plan.

 

Detención Arbitraria:

 

Arbitrary Detention:

La detención arbitraria a personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y apátridas, pese a que no ha sido una práctica generalizada en toda la región, es una práctica que cada vez más está siendo adoptada en países que cuentan con estaciones/albergues/centros migratorios. Las ONGs hacemos un llamado a revisar esta práctica, los centros de acogida, estaciones migratorias o centros de detención en donde las personas solicitantes de asilo son ubicadas tras su detención no cumplen con los estándares mínimos internacionales y tienen efectos nocivos para la garantía y el respeto de los derechos de las personas, en particular de su debido proceso y acceso al procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada.

Arbitrary detention of refugees, asylum seekers, migrants and stateless persons, although it has not been a generalized practice in the entire region, is being adopted with greater frequency in countries with stations, shelters, and migratory centers. We call upon governments to revise this policy, as well as welcome centers, migratory stations and detention centers where asylum seekers are located to determine whether they do not comply with minimal international standards or have harmful effects on the guarantee and respect of the detainees’ rights, in particular regarding due process and access to refugee status determination procedures.

Particularmente, las ONGs solicitan al gobierno de México revisar la práctica de  privación de libertad que se convierte en indefinida, si la persona solicitante utiliza su derecho al recurso en la vía judicial o administrativa al negársele la condición de persona refugiada en primera instancia.

Particularly, NGOs request that the Mexican government revise their practice of potentially indefinite detention if the asylum seeker utilizes his or her right to judicial or administrative recourse upon being denied refugee status in the first instance.

Las ONGs exhortamos a los gobiernos a ratificar el estándar regional que establece a la detención por motivos migratorios indeseable en todos los casos de solicitantes de asilo y personas refugiadas y aplaudimos la práctica generalizada de Uruguay de la no detención de solicitantes de asilo. La detención debería ser utilizada como una medida excepcional, únicamente posible cuando es acorde a la ley y las garantías del debido proceso, así cuando se determina que es necesaria y proporcional para un propósito legítimo, a fin de que no sea arbitraria.

We exhort governments to ratify the regional standard that establishes that detention for migratory reasons is undesirable in all asylum and refugee cases, and we applaud Uruguay’s practice of not detaining asylum seekers. Detention should only be used as an exceptional measure, possible only in accordance with the law and the guarantees of due process, as well as when it is determined necessary and proportional to a legitimate proposal, in order to ensure that it is not arbitrary.

Así mismo, las ONGs expresamos nuestra profunda preocupación en situaciones donde menores no acompañados o separados son detenidos por razones migratorias.

We further express our deep concern for situations in which unaccompanied or separated minors are detained for migratory reasons.

 

 

Violencia basada en Género

La violencia basada en género sigue siendo un tema preocupante en los países de la región, algunos de estos países cuentan con unas de las tasas de feminicidio más altas en el mundo. En muchos casos, la violencia se exacerba por el conflicto armado o desplazamiento forzado vivido en los países, y también por la pobreza extrema. Entre las víctimas de la VBG son personas LGBTI, quienes son perseguidos por actores armados al igual que sus familias y miembros de sus comunidades. Las OSC manifiestan la necesidad urgente de crear mecanismos y políticas específicas para prevenir, investigar y erradicar el feminicidio a nivel regional, en coordinación con los Estados, Organismos Internacionales y la Sociedad Civil.

Gender-based violence continues to be a worrisome theme in the countries of the region, some of which have amongst the highest rates of femicide in the world. In many cases, the violence is exacerbated by armed conflict or forced displacement taking place in these countries, as well as by extreme poverty. Among the victims of gender-based violence are LGBTI people, who are persecuted by armed actors as well as by their families and community members. The NGOs highlight the urgent need to create mechanisms and policies targeted to prevent, investigate, and eradicate femicide at the regional level in coordination with States, international bodies, and civil society organizations.

 

Niños y Niñas No Acompañado/as

 

Unaccompanied Minors

El número de niños  niñas y adolescentes en la región que se ven forzados a migrar sin el acompañamiento de un adulto, o que se encuentran separados, ha ido creciendo. Las ONGs urgen a todos los Estados de la región a asumir estrategias de responsabilidad compartida que garanticen el principio del interés superior del niño/a, interpretándolo como la no sanción y la efectividad en la protección. Los niños, niñas y adolescentes antes que migrantes indocumentados, son menores de edad, y por lo tanto no debe aplicarse en su tratamiento limitaciones de control migratorio y de seguridad fronteriza como si de adultos se tratase. La prioridad con este grupo, sumamente vulnerable, es identificar de manera oportuna las necesidad de protección internacional.

The region in recent years has seen an increased number of children and adolescents in the region forced to migrate without the accompaniment of an adult, or that become separated while migrating. We urge all States in the region to adopt strategies of shared responsibility that guarantee an effective protection that holds superior the interest of the child, without sanctions. After all, before being undocumented migrants, children are minors, and thus should not be subject to the migratory control and border security measures that apply to adults. Identifying the need for international protection within this exceptionally vulnerable group must be of foremost priority.

Las ONGs de la región solicitamos actuar de manera expedita, para asumir este reto en especial en países de Centroamérica, México y Estados Unidos. Reconocemos que todas las personas migrantes Centroamericanas que viajan sin la documentación requerida rumbo a Estados Unidos corren riesgos severos y mortales; pero los niños y niñas no acompañados/as por su situación de vulnerabilidad, enfrentan aún mayores riesgos, como caer víctimas en las redes del crimen organizado, trata de personas, ser reclutados por grupos armados, ser asaltados o abusados sexualmente por criminales, o hasta por funcionarios públicos.

The NGOs of the region insist that this issue be dealt with in an expedited manner, especially in the countries of Central America, Mexico, and the United States. We recognize that while all undocumented Central American migrants on the path to the United States face grave and potentially fatal challenges, unaccompanied children run risks even higher: they can fall victim to networks of organized crime, human trafficking, recruitment by armed groups, or sexual or physical abuse or assault by criminals or even public officials.

 

Desplazamiento en el contexto de megaproyectos

 

 Displacement in the Context of Megaprojects

Otro tema preocupante es el desplazamiento forzado como resultado del desarrollo de megaproyectos, que ha empezado a afectar a varios países de la región. Las OSCs solicitan a los Estados que adopten medidas que protejan a sus ciudadanos/as frente a las acciones de desarrollo relacionado con las industrias extractivas y así frenar este fenómeno que ha empezado afectar a las comunidades más vulnerables de nuestros países, como se ha visto en Guatemala, donde varias comunidades Indígenas han sido desplazadas a causa de estos megaproyectos apoyadas por compañías transnacionales.

Another topic of concern is forced displacement as a result of the development of megaprojects, which has begun to affect various countries in the region. We ask States to adopt measures that protect those citizens facing large-scale development actions related to extractive industries and slow the phenomenon that has begun to affect among the most vulnerable communities of our country. Guatemala, where several indigenous communities have been displaced due to megaprojects supported by transnational corporations, is just one example of this.

 

Personas defensoras de derechos humanos

 

Human Rights Defenders

 

Muy preocupante es además el hecho de que las organizaciones civiles, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos que brindan apoyo a la población migrante y refugiada, sean amenazadas e intimidadas por grupos xenófobos, como es el caso en la República Dominicana, u hostigadas por grupos vinculados con el crimen organizado, como lo reportan varias organizaciones en México, sobre todo aquellas trabajando junto a los albergues a lo largo del trayecto migratorio hacia el Norte. En México además se registran casos de criminalización y desprestigio de personas u organizaciones defensores, defensoras -que atienden a la población migrante por parte de  autoridades locales y federales. Es de suma importancia, crear un entorno seguro a nivel regional, en donde el bienestar y la protección de todas las personas que dedican su vida, trabajo y esfuerzo hacia la protección de los derechos de las personas en necesidad de protección Internacional  sea asegurado y valorizado en todo momento.

Equally troubling are the threats and intimidation directed towards many activists, civil society organizations, and human rights defenders that offer support to migrant and refugee populations by xenophobic groups, such as is the case in the Dominican Republic. In Mexico, these groups, particularly those working in shelters throughout the migratory trajectory towards the north, have received harassment from groups associated with organized crime. Mexico has also seen cases in which the actions of persons or groups assisting refugee populations have been criminalized or discredited by local and federal authorities. It is of supreme importance that States create a secure environment in which the protection and wellness of citizens who dedicate their lives and work for the protection of the rights of people in need of international protection is ensured and valued at all times.

 

Derechos económicos, sociales y culturales

 

Social, cultural, and economic rights

 

Las ONGs resaltamos que en las Américas existen programas ejemplares enfocados a garantizar el acceso a derechos a personas en protección internacional; sin embargo, señalamos la necesidad del diseño e implementación de políticas públicas integrales de atención e inclusión para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Es fundamental  la incorporación de la población refugiada, solicitante de asilo y apátrida a los programas que los gobiernos implementan para las/os ciudadanas/os en los países receptores.

The NGOs highlight the various exemplary programs in the Americas focused on guaranteeing access to rights for persons in need of international protection. However, we also draw attention to the need for the designing and implementation of comprehensive public policies of attention and integration for refugees, asylum applicants, and stateless persons. It is essential to  include these populations in government programs traditionally implemented for the citizens of receiving countries.

Las ONGs solicitamos a los gobiernos hacer esfuerzos para revisar estos impedimentos, en particular adoptar el compromiso regional para la emisión de un documento de identidad para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, que garantice el ejercicio de derecho, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En este contexto queremos destacar la práctica de Uruguay sobre la documentación de identidad que entrega a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, ya que es parte de un único sistema de identificación nacional que no discrimina entre nacionales y no nacionales con distintos estatus y tipos de visa. Esta práctica es una estrategia efectiva para combatir la discriminación y garantizar su efectiva integración en el país de recepción.

We request that governments realize efforts to examine impediments to integration, in particular by adopting a regional compromise for the issuing of an identity document for refugees, asylum applicants, and stateless persons that guarantees their rights, equal opportunities, and freedom from discrimination. In this context, we want to underline the practice of Uruguay regarding identity documents held by refugees and asylum applicants, which is the only system of national identification that does not distinguish between nationals and non-nationals with different statuses and types of visas. This practice is an effective strategy to combat discrimination and guarantee effective integration into the receptor country.

 

Brasil:

 

Brazil

Elogiamos al gobierno de Brasil por mantener su apertura al diálogo y cooperación con el ACNUR y las ONGs, y por su compromiso de promover el establecimiento de un régimen expansivo de protección para los refugiados. En particular, destacamos la Primera Conferencia Nacional sobre Migración y Refugio.

We applaud Brazil for remaining open to dialogue and cooperation with UNHCR and NGOs, and for their commitment to promoting the establishment of an expansive regimen of protection for human rights. In particular, we highlight the First National Conference on Migration and Refuge.

 

Costa Rica:

Las ONGs queremos aplaudir los esfuerzos del gobierno de Costa Rica por adoptar una interpretación contemporánea de la Convención de 1951 que incluye a las personas que han huido de sus países por conflictos armados y otras situaciones de violencia.  También, aplaudimos el desarrollo de la reciente Política de Migración Integral y particularmente, el proceso participativo de construcción de este instrumento y la implementación de las recomendaciones parte de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Calidad en Procedimientos de Asilo, QAI, que ha permitido fortalecer la protección internacional en la frontera sur, a través del acceso, información y garantías a las personas que ingresan al país.

The NGOs also commend the efforts of the government of Costa Rica for adopting a contemporary interpretation of the Convention of 1951 that includes persons who have fled their countries of origin because of armed conflicts and other violent situations. We also applaud the development of the recent Comprehensive Migration Policy and, particularly, the participatory development process of this instrument, as well as the implementation of recommendations as part of the Quality Assurance Initiative for Asylum Proceedings (QAI), which has strengthened international protections in the southern border through access, information, and guarantees to people that enter the country.

 

Colombia:

Las ONGs insistimos en la importancia de observar el desarrollo de la situación de Colombia, en donde persiste el conflicto armado interno y violación sistemática y continuada de derechos humanos, desplazando a la población hacia otras ciudades dentro del mismo país o hacia otros países en la región. El conflicto ha cambiado en los últimos años complejizándose con la proliferación de actores armados ilegales, muchos estrechamente vinculados al tráfico ilícito de drogas, al crimen organizado y la minería legal e ilegal, denominados Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos Post Desmovilizados (GPD), surgidos a raíz del proceso de desmovilización de las AUC desde el 2003 hasta el 2006.

We re-emphasize the importance of watching closely the development of the situation in Colombia, where internal armed conflict persists along with the systematic and continued violation of human rights, resulting in the displacement of the population towards other cities within the same country or towards other countries in the region. The conflict has changed in the last few years, complicated by the proliferation of illegal armed actors, many of whom are linked to drug trafficking, organized crime, or mining (legal or illegal). These groups, known in Spanish as “bandas criminales” (BACRIM) or “grupos pos-desmovilizados” (demobilized groups, GPD), have surged as a result of the AUC demobilization process that took place from 2003 to 2006.

Las ONGs hacemos un llamado a los gobiernos que reciben solicitudes de asilo de personas colombianas, para atender de manera efectiva a los desplazamientos forzados producto de la acción de estos nuevos grupos, reconocidos por la Corte Constitucional de Colombia (AUTO 119, 2013) como nuevos actores armados y solicitamos al ACNUR, generar información de país origen que pueda apoyar el análisis de este tipo de casos.

The NGOs call for those governments that receive asylum applications from Colombians who are fleeing as a result of the actions of these groups—recognized as new armed actors by the Constitutional Court of Colombia (AUTO 119, 2013)—to attend to them effectively. We further ask that UNHCR generate country of origin information that can support the legal analysis for these types of cases.

Por otra parte, las ONGs urgimos a los gobiernos a reconocer que si bien el proceso de paz entre el Estado y FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es un paso fundamental. Este no implica una superación inmediata de la dramática situación humanitaria. Las solicitudes de asilo de personas colombianas, sigue siendo constante, en países como Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá.

We, the NGOs, urge the governments recognize that although the process of peace between the FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) and the State of Colombia as a fundamental step, this does not imply that the drastic humanitarian situation in that country has been somehow been overcome. Indeed, applications for asylum continue to be filed by Colombians in need of protection in countries such as Ecuador, Venezuela, Costa Rica, and Panama.

 

Ecuador:

 

Las ONGs manifestamos nuevamente nuestra preocupación frente a los desarrollos que se han dado en la legislación Ecuatoriana en materia de refugio, tras la eliminación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena (1984) del Decreto Presidencial 1182, decreto que regula el derecho  a la condición de refugiado/a en Ecuador. Este retroceso que se ha dado en materia de derechos humanos en Ecuador, que limita los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, ha sido anteriormente traído a la atención de este Comité, (pronunciamiento de las ONGs de las Américas, Agenda literal 3(a)ii, Standing Committee, 56th Meeting, 5-7 de Marzo 2013) y constituye, por la condición de Ecuador como país receptor, una situación de gran preocupación e importancia a nivel regional. Solicitamos al gobierno Ecuatoriano revisar esta normativa y consolidar su importante rol en la protección de personas refugiadas, garantizando el debido proceso, garantías judiciales y la no devolución.

We once again express our grave concern with legislative developments in Ecuador relating to refugee protection, the country having recently eliminated the expanded definition found in the Cartagena Declaration (1984) with Presidential Decree 1182, which regulates refugee law. This regression, which limits the rights of refugees and asylum seekers, has been brought to the attention of this Committee before (Pronouncement of the NGOs of the Americas, Literal Agenda 3(a)ii, Standing Committee, 56th Meeting, 5-7 March 2013), and constitutes, due to Ecuador’s role as a receiving country, an immensely worrisome situation of utmost importance for the region. The NGOs call upon the Ecuadorian government to revise these regulations and strengthen their role in the protection of refugees, assuring access to due process, judicial guarantees, and the principle of non-refoulement. 

Por otra, parte las ONGs destacamos las buenas prácticas de Ecuador en proveer programas estatales de integración a personas refugiadas y solicitantes de asilo, como la reciente Resolución 19 del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), a través de la cual, las personas refugiadas pueden acceder a postularse a dichos programas. Así mismo, la inclusión de personas refugiadas en los programa del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) de manera gratuita.

We applaud, however, the best practices in Ecuador of offering state integration programs to asylum applicants and refugees, including through Resolution 19 of the Ecuadorian Institute of Educational Credit and Scholarships (IECE). Also valuable is the inclusion of refugees in the Ecuadorian Professional Training (SECAP) program free of charge.

 

Guatemala:

 

Las ONGs también reconocemos que la dinámica de la migración ha transformado las relaciones sociales, económicas y culturales del país, y que la misma está inserta en un territorio cada día más violento, en donde el migrante está expuesto a extorsiones, secuestros, tortura, violaciones sexuales, tráfico y trata, e incluso la muerte. Por este motivo es fundamental el concurso de distintos actores vinculados y vinculantes al tema, en la búsqueda de políticas que contribuyan al manejo sostenido y viable de este fenómeno social. 

The NGOs recognize that the dynamic of migration has transformed social, economic, and cultural relations in the country, which, in the context of a region growing more violent by the day, leaves migrating persons exposed to extortion, kidnapping, torture, sexual assault, human trafficking, and potentially death. For this reason, the involvement of diverse actors related to the subject of migration and international protection is crucial to the search for policies that contribute to the viable and sustainable management of this social phenomenon.

Las ONGs, reconocemos el papel de instituciones como la Iglesia católica, a través de la Pastoral de Movilidad Humana y de la Mesa Nacional para los Migrantes en Guatemala –MENAMIG-; sin embargo el camino por recorrer aún es largo y con muchos retos, que amerita una estrategia integral de coordinación y mutuo apoyo.

The NGOs acknowledge the contributions of institutions like the Catholic Church, through organizations such as the Pastoral for Human Mobility and the National Forum for Migrants in Guatemala (MENAMIG). However, the path is long and contains many roadblocks; a comprehensive and mutually-supportive coordination strategy is needed.

 

Haiti:

 

Las ONGs expresamos de igual forma nuestra preocupación frente a la continua situación de vulnerabilidad en la que se encuentran casi 150.000 haitianos, quienes, tras el terremoto que se dio en su país en el 2010, continúan viviendo en albergues temporales. Las ONGs solicitamos  a los Estados y al ACNUR seguir contribuyendo en acciones para proteger a la población de este país.

We further express our grave concern with the ongoing state of vulnerability experienced by nearly 150,000 Haitians who, after the earthquake in their country in 2010, continue to live in temporary shelters more than four years later. The NGOs urge the States and UNHCR to continue to undertake actions to protect the population of this country.

Subrayamos la necesidad que los Estados y la comunidad internacional reconozcan estas realidades como desafíos ante los cuales se debe reaccionar con medidas ágiles, eficaces, contundentes e integrales para proteger los derechos humanos. Por lo tanto es necesario que los Estados, la comunidad internacional y las organizaciones de sociedad civil se sienten a dialogar y buscar soluciones duraderas a esta situación en beneficio de miles de personas que huyen en busca de un refugio en otro lugar.

We call attention to the need for States and the international community to recognize these realities as challenges that should be resolved with flexible, forceful, and comprehensive strategies to protect human rights. It is necessary for States, the international community, and civil society organizations to meet to discuss and look for enduring solutions to these problems, to the benefit of thousands of people who flee their countries in search of refuge elsewhere.

 

México:

 

ONGs solicitamos al gobierno de México, reconocer los nuevos desafíos que enfrenta su espacio humanitario. Poco a poco, el país se ha idoconvirtiendo particularmente en una país de destino, que acoge a muchas personas solicitantes de asilo, sobre todo del triángulo norte de Centroamérica; pero a su vez, el Estado Mexicano también está viviendo situaciones de desplazamiento interno y violencia dentro de su propio país. Sólo el reconocimiento de estos nuevos fenómenos y desafíos permitirá la construcción de salidas estratégicas y la construcción de medidas eficaces, contundentes e integrales que garantice que los derechos de todas las personas en necesidad de protección Internacional, se respeten a todo momento.

The NGOs call on the government of Mexico to recognize the new challenges confronting the humanitarian space in that country. Slowly but surely the country has become a destination for asylum seekers, primarily from the northern triangle of Central America. At the same time, however, Mexico is seeing its own internal displacement as a result violence within its borders. Only the recognition of these new phenomena will allow for the construction of strategic, forceful, and comprehensive solutions that guarantee that the rights of all persons in need of international protection are respected at all times.

La debilidad en la práctica del procedimiento de refugio en México, unido al desconocimiento que se tiene en este país de la situación real de Centroamérica y la persistencia en la detención de las personas solicitantes, dificulta una adecuada recepción de estos casos y provoca un alto nivel de desistimiento del procedimiento.

Indeed, the weakness of RSD processes in Mexico, combined with a lack of knowledge regarding the current situation in Central America and the ongoing practice of detaining asylum seekers, hinders the reception of these cases and results in a high level of abandonment in proceedings.

 

República Dominicana:

 

Las ONGs resaltamos la larga tradición que tiene América Latina y El Caribe en relación a la prevención de la apátrida. Dada la buena práctica que se ha observado en la región, las ONGs mostramos nuestra inmensa preocupación ante la actual situación que se vive en República Dominicana, en relación a una nueva resolución que dictó la Corte Constitucional el año pasado. La Sentencia 168-13, la que ordenó la repatriación de muchos miles de descendientes de inmigrantes haitianos que nacieron en RD desde 1929, ha generado uno de los problemas más grandes en relación a la apatridia de toda la región. Las ONGs solicitamos a República Dominicana que restituya la nacionalidad de las personas afectadas por el fallo del tribunal constitucional, y no permita que se siga deportando a más personas hacia Haití, muchas que nunca han puesto un pie en el país, no tienen familiares ni amigos, y ni siquiera hablan el idioma y nacieron en territorio de República Dominicana.

Finally, the NGOs emphasize the long tradition in Latin America and the Caribbean related to the prevention of statelessness. In context of this rich history, we assert our profound concern with the current situation in the Dominican Republic as a result of an order of the Constitutional Court last year. Decision 168-13, which ordered the repatriation of many thousands of descendants of Haitian immigrants that were born in the DR since 1929, has generated one of the most profound problems of statelessness in the region. We urge the Dominican Republic to restore the nationality of the people affected by this ruling, and to put an end to their deportations to Haiti, where many have never set foot, have no relatives or friends, and do not even speak the language.