Impacto del Covid-19 a los Inmigrantes Haitianos y sus familias en las comunidades de la Zona Este de la República Dominicana

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud- OMS, declaró la enfermedad del coronavirus o covid-19 como pandemia, a raíz del índice alarmante de propagación y gravedad, como por los niveles desmesurados de inacción que se expandían en todo el mundo.

En República Dominicana, el 22 de febrero, ya se había reportado el primer caso exportado, sin embargo, posteriormente de establecerse el Covid-19 como pandemia por la OMS, el 19 de marzo, el Licenciado Danilo Medina Sánchez, autorizado por el Congreso Nacional inicia con la implementación de las medidas para contrarrestar la expansión del contagio declarando el Estado de emergencia por 25 días mediante decreto 134-20. Sucesivamente, hasta el día de hoy, ha prevalecido las medidas de implementación para hacerle frente a esta emergencia internacional, y que el gobierno dominicano se ha visto obligado a extender este Estado de Excepción, tres veces,  los dos primeros por 17 días cada uno, y el más reciente por 15 días iniciando este 18 de mayo con una ligera variación de las medidas contra la pandemia para aperturar las actividades económicas de forma paulatina, modificar el toque de queda y lanzar programas en apoyo a las Mipymes.

En la actualidad, existen 1,966,932 casos confirmados en la región de Las Américas de los cuales 12,725 pertenecen a la República Dominicana; asimismo 118,799 defunciones de los cuales 434 han ocurrido en el país, lo que denota el aumento de los mismos. De cara a ello, el gobierno dominicano desde el inicio del Estado de Emergencia ha fomentado programas de asistencia social para apalear la inminente recesión económica, entre ellos: Quédate en casa, que consiste en un programa para beneficiar familias en situaciones vulnerables que se han visto afectadas por las medidas del Covid-19 durante abril y mayo; y el programa FASE que consiste en un fondo de asistencia a empleados suspendidos del sector privado apoyados con una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos del Covid-19 ya que, muchos de los sectores productores del país entre ellos: Sector turismo, Manufactura, Construcción, Comercio formal e informal, entre otros…; todos estos pilares económicos contiene población migrante y sus descendientes, quienes se encuentran desprotegidos al día de hoy.

Por ello, la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana- (ASCALA) en cumplimiento con las políticas públicas declaradas por el Presidente Medina, el pasado 19 de marzo, cerró sus puertas de cara al usuario, sin embargo, no puede obviar una realidad latente que arropa el rango de acción de su misión, y que ha venido realizando desde el 2004, pudiéndose destacar las siguientes:

• Dominicanos de ascendencia haitiana beneficiados por la ley 169-14 que aún no han completado el proceso y por ende, no pueden acceder a ninguna de las asistencias establecidas por el gobierno central.
• Los envejecientes, ex cañeros que dieron su vida en la labranza y corte de caña y que, a pesar de su edad avanzada esperan el otorgamiento de la pensión, que por derecho adquirido les corresponden.
• La repercusión del Covid-19, a los empleados privados, las familias comerciantes o trabajadores informales de los bateyes y comunidades empobrecidas de la Zona Este.
• Violencia intrafamiliar y de género durante el distanciamiento social.

Dominicanos de ascendencia haitiana beneficiados por la ley 169-14

Más de 69,000 dominicanos han sido afectados por la sentencia TC.168-13, y ulteriormente, acogidos por la ley 169-14[1], de esta cifra se desprende que 61,049 personas fueron auditadas por la Junta Central Electoral, por estar ya inscritos en el registro civil en las fechas comprendidas desde el 16 de junio de 1929 hasta el 18 de abril 2007; los dominicanos que poseían las mismas características contempladas en la sentencia referida y que habían nacidos antes del 18 de abril del 2007, sin poseer registro de nacimiento a un plan de regularización con la posibilidad de naturalizarse.

Los efectos de la sentencia TC.168-13 dictada por el Órgano Supremo de interpretación y control de la constitucional, son inminentes hasta la fecha, a pesar de la promulgación de la ley 169-14, entre la población afectada permanece la incertidumbre, la angustia y el estado de indocumentación, emociones que se han acumulado durante casi  6 años. Las autoridades aunque han proporcionado mecanismos legales para menguar los daños que provocó la sentencia, en la práctica ha provocado desnacionalización de generación en generación, sin embargo, esto es otro tema que se debe tratar a profundidad en otra ocasión.

Es entendible que la situación del Covi-19 a esta población, ha generado mayor incertidumbre de la que se tenía, puesto que, según el Estudio complementario de la ENI-2017[2] sobre Descendientes de la población inmigrante, refleja que la población de descendientes de padre y madre de nacionalidad haitiana tiene una mayor vulnerabilidad  indicando imposibilidad de lograr la integración civil, social y económica, advirtiendo que el 37% no tiene documentos de identidad. Además, se comprueba que entre los descendientes, los dominicanos de ascendencia haitiana obtienen ingresos promedio que no supera los RD$14,340 pesos, siendo las mujeres más desfavorecidas por trabajar  en actividades informales o no reguladas como los empleos domésticos y que no superan un salario de RD$ 6,000.

La falta de la documentación no solo agrava, acceder a las asistencias sociales formales dadas por el gobierno, sino también porque es una población que no posee seguro médico ni accede a agua potable frecuente, por su mismo entorno y condición de vida de las comunidades rurales. Además, un número importante de los dominicanos de ascendencia haitiana residen en viviendas con distribución limitada y baños compartidos; el costo de arrendamiento de sus viviendas, también los obliga a exponerse para llevar el pan a sus familias e incumplir el distanciamiento social incitado por sus realidades.

Ex cañeros de la tercera edad en espera del derecho a la pensión

La Constitución Dominicana, dando fiel cumplimiento al Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Económicos y a la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, instauró el articulado sobre la seguridad social, art.60 en su última modificación, con la finalidad de que el Estado estimule el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Ascala, recibe cientos de personas en búsqueda de asesoría y acompañamiento legal, tanto dominicanos como migrantes haitianos, de los cuales a la fecha reposan 902 expedientes en total, de solicitudes de cañeros que aún esperan el reconocimiento del Estado dominicano para otorgarles, el tan anhelado derecho que por años acumularon, y que al día de hoy, esperan con esperanzas rotas, consumidas por la burocracia y la dignidad humana que le ha sido arrebatada. Muchos aún, viven en los llamados barrancones, asignados en sus años productivos por las empresas azucareras, en su mayoría pertenecientes al Consejo  Estatal del Azúcar (CEA),  no teniendo un techo digno, sin seguro médico, ni alimentación asegurada, mucho menos, sin fuerzas para buscar su propio sustento. Otros, residen con sus familiares o parientes lejanos, teniendo un poco más de suerte y por último, están los desvalidos, deshechos por un machete, sol y salario inhumano, desalojados por la inactividad laboral o por las faltas de fuerzas consumidas por los años de servicio, arrojados a su suerte a realizar casas improvisadas de yagua u otro material inapropiado en cualquier lugar que le permitiese, sin los servicios básicos necesarios, alimentándose por la calidez de un vecino, institución o iglesia, destacando que no es suficiente.

El derecho a la seguridad social no es una problemática que debe verse por un estatus migratorio ni por nacionalidad, actualmente, como se había dicho en líneas anteriores, Ascala tiene documentado 902 casos de los cuales 465 pertenecen a dominicanos, 409 a inmigrantes haitianos y los 28 casos restantes están a la espera de completar informaciones.

Las trabas burocráticas se encuentran en todas las fases del procedimiento, una muestra de ello, son más de 40 usuarios que han solicitado pensión entre 1986 al 1999 y aún esperan una respuesta por parte del Estado dominicano; otros ya han sido reconocidos para que dicha pensión se les otorgue mediante decreto presidencial, sin embargo, el Ministerio de Hacienda no les reconoce los carnet de trabajadores temporales, emitidos por la Dirección General de Migración en el marco del Plan Nacional de Regularización-PNRE, insistiendo que no tiene un estatus regular y para poder acceder al cobro debe presentar residencia temporal/cédula de identidad, desacatando un decreto del tal magnitud.

Ascala, entre sus programas cuenta con asistencia médica mediante operativos de salud y voluntariados por profesionales en el área; cuenta con asistencia alimentaria que han servido para mitigar la necesidad y el hambre en las comunidades en colaboración con donativos de instituciones, programas y organizaciones internacionales; esto nos motiva a seguir trabajando con las herramientas que la institución tiene y que sabemos que son  insuficientes en el universo de necesidades  que accionamos pero que llevan alivio y esperanza a nuestros ancianos.

El Estado dominicano también debe cumplir y garantizar el derecho a las personas de la tercera edad y sobre todo el derecho a la seguridad social, no aplicándoles el nuevo modelo del sistema de seguridad social violentando un principio básico del derecho constitucional “principio de la irretroactividad de la ley”, solo si dicho principio es aplicado en beneficio de estos trabajadores, asumiendo la responsabilidad gubernamental y admitiendo que el Instituto de Seguridad Social era inoperable e insostenible. El gobierno debe velar y garantizar el acceso a la alimentación de nuestros envejecientes, lo cual se debe repensar de forma emergente, los mecanismos y planes de asistencia social dirigidos a esta población, que si bien, trabajaron incansablemente para culminar sus años de vida con dicho sustento y garantizar un trato digno, esto no les ha sido posible.

La repercusión del Covid-19 a los empleados privados, las familias comerciantes o trabajadores informales de los bateyes y comunidades empobrecidas de la Zona Este.

La recesión económica durante el Estado de emergencia y post-Covid-19, acrecentara la condición de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias. Sectores productivos del país se encuentran paralizados por las medidas establecidas por el gobierno central y para contribuir a la seguridad nacional, proyectándose aperturar  las actividades forma paulatina, sin embargo, no podemos dejar a un lado los siguientes puntos:1) las numerosas violaciones de derechos laborales que se pudiesen cometer; 2) trabajadores y trabajadoras migrantes, inscritos en el PNRE que poseen carnets de trabajo y que se encuentran inscritos en la seguridad social no accedieron al “Programa Fase”; 3) la inoperativa de los trabajadores informales, agravándose más, cuando se visibiliza desde la perspectiva de género.

Los empleados del sector construcción, a ser un sector en su mayoría informal que evade muchas responsabilidades básicas fundamentales para el trabajador, preocupan desmesuradamente a la institución en estos tiempos del Covid-19. Más cuando se trata de migrantes que no tienen ningún tipo de protección gubernamental y están desprovistos de las condiciones esenciales en el trabajo incluyendo la vulneración del derecho a la seguridad social. Por ello, es primordial atender las necesidades de este sector tan importante para el desarrollo económico que opera con tantas irregularidades y  que en medio de esta pandemia sus trabajadores no disfruten de ayudas socioeconómicas de forma específica.

Por otra parte, los empleados que gozan de un estatus regular otorgado por la Dirección General de Migración y que se encuentran cotizando en la seguridad social, suspendidos por trabajar en sectores no esenciales deben de acceder al programa Fase; su condición de trabajadores formales y poseedores de documentación acreditada por el mismo gobierno dominicano hace que sea necesario incluirlos. No es justo, hacerlos inscribirse a un PNRE que hoy demuestra que es insostenible y que tanto para los migrantes, el mismo Estado dominicano como para organizaciones internacionales que apoyaron en esta problemática, fue bastante costoso y sigue siéndolo; añadiendo que, a dichos trabajadores se les deduce de sus salarios: seguro médico, TSS y riesgos laborales. Las instituciones que abogan por este sector, deben de solicitarle al gobierno la inclusión y protección de sus empleados incluyendo a los migrantes que son mano de obra valiosa para este sector.

Por otro lado, y no menos importante se encuentran las familias comerciantes o trabajadores informales de los bateyes, de cara a esta pandemia han sufrido doblemente tanto en cuestiones de salud como también en la economía del hogar. Los vendedores informales, en su mayoría mujeres dependen de sus ingresos cotidianos para sobrevivir. Se entiende que a nivel mundial 740 millones de mujeres realizan este tipo de trabajo, siendo cabezas de hogar, incluso las mujeres migrantes tiene un componente agravante ya que, el comercio le permite subsistir tanto a ellas como a sus familias como también enviar remesas a sus familiares que también dependen de ellas en su país de origen.

El trabajo informal es diverso ya sea, ejerciendo actividades independientes, jornaleros/as, contratistas independientes, todo tienen en común que se enfrentan al riesgo de caer en la pobreza extrema como resultado de las medidas de aislamiento social obligatorio impuestas por los gobiernos.

Más complejo se visibiliza que en las actividades comerciales, las mujeres en empleo informal enfrentan desafíos adicionales ya que tienen responsabilidades de cuidado y responsabilidades domésticas adicionales. Un gran número de esta población, irrumpe el aislamiento social para enfrentar las adversidades en las calles ya que, las condiciones y la concurrencia en espacios públicos ha menguado considerablemente puede acarrear en algún tipo de violencia por estar más expuestas.

También las empleadas domésticas enfrentan un desafío extra, muchas han tenido que continuar con sus labores, exponiéndose en los hogares donde los empleadores no le han eximido de las responsabilidades del cuidado, arriesgándose desde el trayecto constante de sus domicilios hasta los hogares donde prestan servicios, no dejando pasar las diferentes vicisitudes que debe pasar por las opciones limitadas de transporte desde los bateyes hasta el destino final; otras impuestas a permanecer de forma permanente junto con sus empleadores, dejando el cuidado y administración de sus hogares a hijos e hijas, a veces sin supervisión de un adulto.

Las autoridades han dejado desprovistas a los trabajadores informales de los bateyes y empleados en actividades domésticas, las ayudas y asistencias no llegan a estos espacios remotos y de difícil acceso, agravándose por el estado de indocumentación o estatus migratorio de los mismos. Por su parte, un número importante de las empleadas domésticas, han sido suspendidas sin goce de salario, porque también en una escala sus empleadores también no gozan de sus ingresos regulares; cabe destacar, que estas mujeres no están protegidas por ningún mecanismo legal, por tanto, la vulneración a sus derechos fundamentales es mayor.

Violencia intrafamiliar y de género durante el distanciamiento social.

La combinación de las presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones de movimiento, han aumentado drásticamente el número de mujeres y niñas que se enfrentan a abusos, en casi todos los países. Sin embargo, incluso antes de la propagación mundial del Covid-19, las estadísticas mostraban que un tercio de las mujeres de todo el mundo experimentaban alguna forma de violencia en su vida, según lo ha externado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

En esa misma tesitura el Ministerio de la Mujer instituyó el  Programa Nacional de fortalecimiento para dar asistencia  telefónica a todas las mujeres víctimas de violencia y amenazas de muerte. Este programa ha reportado1, 257 llamadas, que oscilan desde el 17 de marzo al 10 de mayo, a la línea *212 mujer. En ese mismo sentido, el Servicio Nacional de Salud ha proporcionado una lista de contactos con psicólogos en temas generales de la salud mental, seguido de las universidades e instituciones que como Ascala quiere ayudar apalear con las violencias y ansiedades que ha acrecentado los números por las medidas del Covid-19. El departamento social ha reportado que ha  asesorado 16 llamadas en el mes de abril, con en esta área.

Hacemos un llamado a las instituciones para que extiendan sus colaboraciones a las migrantes y sus descendientes que por la diferenciación del idioma tienen el temor de acceder a estas líneas de asistencia psicológica. Además, cabe destacar, que un número importante por estar sumergidas en constante violencia no las identifican a tiempo o no tienen las informaciones básicas para denunciar, generando tragedias que se pueden evitar. Hay que tomar en cuenta, que la constitución de los bateyes está formada para hombres trabajadores del sector azucarero, no considerando que estos a su vez, tienen esposas, hijos e hijas que residen en dichos espacios no habilitados para estos fines; también, algunas mujeres trabajan en la labranza de la caña sin tomar en cuenta sus necesidades.

En ese mismo sentido, las medidas preventivas que incluyen el “Quedarse en casa”, el cierre de las escuelas, deja a los niños y niñas en mayor riesgo de recibir algún tipo de violencia, el hacinamiento, el impacto económico familiar y la propia personalidad de los integrantes de la familia son factores que pudieran derivar en situaciones de riesgo durante esta emergencia sanitaria.

La Oficina local del  Ministerio de la Mujer, se encuentra en el municipio cabecera, escapándose de la realidad y contexto de los bateyes, limitados por no tener recursos humanos ni equipo logístico para visitar las comunidades. Es por ello, que Organizaciones como ONU Mujeres, reafirma que en este contexto de emergencia aumenta la violencia doméstica contra mujeres y niñas debido a las tensiones en el hogar. En muchos casos, las mujeres no pueden salir o no pueden llamar por teléfono de forma segura para alertar a las autoridades de su situación; esto se refleja en que muy pocos casos son denunciados por las víctimas. Adicionado, a esta pandemia se debe destacar que la falta de transporte, la ubicación remota y el alto costo de los llamados motoconchos son de los tantos factores para acceder a estos servicios.

Por último, reiteramos que no podemos escapar de la realidad misma de las instituciones gubernamentales que trabajan en este componente, principalmente el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de la Mujer no poseen los recursos humanos y materiales fundamentales, garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas y nuestras mujeres para no ser víctimas de violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias.

Este llamado de auxilio, esperamos que nos sirva para también analizar los discursos en la prensa nacional y gubernamental, las comunidades que tienen mayor número de contagiados son segregadas y marginadas, incluso para llevar ayuda. Gracias a Dios, la zona Este aún no se encuentra en esta situación, sin embargo, este tipo de discurso que incita a la segregación y discriminación al contagiado, pasa con la condición de pobreza, ya que en reiteradas ocasiones especifican que los pobres tienen mayor posibilidad de contagiarse, obviando que no es porque quieren contagiarse sino porque a veces por cuestiones económicas  no pueden quedarse en casa.

Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana

República Dominicana,

Mayo 2020

[1] Que estableció un régimen especial para los afectados por esta decisión del Tribunal Constitucional y que dictaminó que estos fueron inscritos irregularmente en el registro civil dominicano, a su vez, a los que tenían las mismas características y que no se habían inscrito en el registro civil, indicó realizar un proceso de regularización, lo que suscitó en un proceso sobre naturalización para hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano.

[2] República Dominicana, Noviembre 2018 “Fondo de Población de las Naciones Unidas”, Estudio de descendientes de inmigrantes en la República Dominicana”.